De las modificaciones hacia... ¿la paz o No? 

Comenzaré por el principio y trataré de llamar a cada cosa por su nombre, y si se firmará un  acuerdo, quiere decir que es un acuerdo de voluntades, de intereses, que nos une el bien común, cuya base debe ser el principio de la buena fe. Este acuerdo que debería unirnos, integrarnos, por el contrario, nos ha dividido no solo en nuestras relaciones sociales sino conceptuales. Por eso, es necesario, a mi modo de ver, que el escenario propicio y objetivo es la Academia, pero de igual manera, los eruditos y los académicos no se han podido poner de acuerdo. Sin embargo, esta falta de claridad no es irremediable; por eso, los medios de comunicación como la Academia deben cumplir un papel iluminador para la comprensión del proceso de diálogo. La Universidad, por su naturaleza, debe asumir esta tarea.

Por otra parte, los investigadores deben recoger la mayor cantidad de datos que permitan interpretar los fenómenos asociados al conflicto como sus modos de vida, sus relaciones sociales, sus economías y por qué la violencia los acompaña. Parece ser que las rencillas, los prejuicios y los intereses políticos son el común denominador en este proceso de paz.

Este acuerdo de paz ha sido renovado, precisado y aclarado, se han modificado e incorporado algunos cambios importantes que requerían los voceros del NO, como por ejemplo, que no habrá jueces extranjeros en la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) como se refería en el anterior acuerdo. Se definió con mayor claridad qué será “la restricción efectiva de la libertad” (pena alternativa a la de prisión quienes cuenten la verdad de sus crímenes).

También obliga a todos los que se presentan a la JEP a entregar toda información exhaustiva y detallada relacionada con el narcotráfico.

Además, aclara el concepto malintencionado de los voceros del NO, el cual hacía referencia a la ideología de género en donde se enfatiza en los derechos políticos, sociales, económicos e incluyentes de la mujer.  Asimismo, que las mujeres que han sufrido, especialmente este terrible conflicto, sean tratadas con prioridad y que sus derechos como víctimas estén protegidos. Es decir, a mi entender, este nuevo acuerdo busca tomar medidas necesarias para establecer, en igualdad de condiciones, los derechos de aquellas personas que fueron víctimas por sus creencias políticas, religiosas e ideológicas.

Lo que se me hace preocupante e indignante es la postura de la doble moral de algunos líderes del NO que no dieron testimonio ni autoridad moral en su momento, para hoy estar criticando cualquier idea y acción que vayan encaminadas a acabar por completo cincuenta años de conflicto. Expresamente hago referencia al líder conservador Andrés Pastrana Arango quién dejó en burla pública al pueblo colombiano con el hecho bochornoso de “la silla vacía” y la zona de distensión del Caguán, donde sabemos que estas fuerzas se consolidaron y aumentaron su poder en el narcotráfico. Realmente es vergonzosa su postura.

No menos importante es la falta de autonomía y de independencia ideológica del partido Centro Democrático que siempre habla en plural pero realmente se sabe que es la voluntad de Álvaro Uribe Vélez la que prima y decide. Es terrible pensar que 47 millones de colombianos estemos supeditados a los deseos intransigentes y rencorosos de este señor, so pretexto que es la voluntad del pueblo.

Es realmente insólito que estemos en manos de este ex presidente, que es el más investigado en toda la historia de la democracia del pueblo colombiano con más de 180 procesos políticos, que habla de defender la Constitución y la democracia cuando él ha tenido enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia al no acatar sus decisiones; y, por el contrario, interpuso demanda por supuesta difamación y calumnia contra el presidente de la Corte. Cuando este magistrado aseguraba que Uribe lo había llamado para indagar sobre el caso de su primo que estaba en proceso por parapolítica. Paradójicamente, en una de sus últimas declaraciones, habla del mal ejemplo que ha dado el presidente Santos en lo referente al plebiscito.

En este orden de ideas, quisiera resaltar algunos acontecimientos que nos permiten visualizar el perfil de este personaje, sin desviarnos del tema que nos une. Uribe parece ser un niño problema cuando en sus declaraciones del 2008 nuevamente hace un espacio de confrontación entre dos poderes: entre el Ejecutivo y el Ministerio del Interior y de Justicia cuando cuestiona la detención de 56 congresistas. Además, menciona la posibilidad de crear un nuevo tribunal con facultad de juzgar al presidente, congresistas y magistrados, hecho que trajo como consecuencia la reacción de todas las Altas Cortes rechazando esta iniciativa.

En agosto del 2008, es el protagonista de nuevos escándalos, por ejemplo, cuando extradita a paramilitares, el caso de los “falsos positivos”, “más de seis millares de personas fueron coartadas de su libertad y vulnerados sus derechos humanos”, el caso de las chuzadas, el caso de la parapolítica y la “Yidispolítica” para su reelección, entre otros.

En las próximas horas, este colombiano liderará estrategias para oponerse a la implementación del nuevo acuerdo de paz y a la deslegitimación del Congreso de la República, pues este será el encargado de su aprobación. El nuevo acuerdo se firmará en el Teatro Colón de Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Es difícil olvidar o pasar por alto, el tema de la impunidad que es uno de los aspectos o argumentos del NO. Es difícil porque ha sido casi el pan nuestro de cada día cuando matanzas, genocidios provocados por otros grupos al margen de la ley quedaron impunes, sin responsables, cuando políticos corruptos les dan casa por cárcel, cuando empresarios desfalcan el erario público, cuando dineros del narcotráfico contribuyeron en las campañas electorales de ex presidentes, cuando honorables funcionarios públicos evaden sus responsabilidades so pretexto de persecución política y principalmente, cuando millares de colombianos sienten que sus derechos fundamentales como educación, vivienda y salud son violados y que tutelas no son acatadas por instituciones públicas. A todo esto, es a lo que llamamos impunidad.